Este espacio nació de una idea modesta: consignar las novedades en el periodismo y los medios al cierre de cada mes, acaso una crónica exprés de lo que ocurría en las redacciones, las pantallas y los micrófonos. Con el tiempo, ante la evidencia de que el periodismo mexicano vive una transformación que va más allá de los cambios de figuras o las reestructuras corporativas, creemos que ese registro no basta.

Decidimos entonces ser un espacio que asuma una postura desde la convicción de que el periodismo no es un oficio neutral y que callar ante lo que vemos sería una forma de complicidad. Queremos comentar lo que ocurre, sí, pero también asumir una posición: la de quien cree que la libertad de expresión y el derecho a la información son elementos básicos de cualquier democracia que se precie de serlo.

Queremos ser un ejercicio de honestidad y autocrítica profesional una vez cada 30 días. No es agradable ver a colegas que han construido su prestigio sobre la defensa de principios deontológicos, la crítica honesta y luego los doblegan ante el cálculo del rédito que produce la propaganda y el rigor se convierte en consigna y la crítica en alineamiento. Hay que señalar esas contradicciones con la misma exigencia con la que esperamos que los poderes rindan cuentas. No por un afán de escándalo, sino porque creemos que el periodismo merece ser honrado y establecer una clara distancia con quienes lo enlodan o intentan imponer el silencio. Queremos transmitir, sobre todo, el orgullo por esta profesión que no es perfecta, pero que sigue siendo indispensable.

¿Cuánto pesa una lista negra?

Hace menos de un mes, el debate se centraba en lo inadecuado de una creación de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias desde el gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuándo están frente a una noticia, cuándo frente a una opinión y cuándo frente a publicidad disfrazada de información. Tienen derecho a que existan defensorías de audiencias y códigos de ética, pero todo se contaminaba cuando el Estado se colocaba detrás de esos derechos para decidir qué información era verdadera, cuál estaba «descontextualizada» y hasta dónde podía intervenir sobre las decisiones editoriales de los medios.

Días atrás, el 26 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tras una consulta pública que sumó 8 mil 889 participaciones –de las cuales 82% rechazó la propuesta del gobierno y 66% advirtió riegos parala libertad de expresión–, presentó un documento final en el que desapareció todo lo referente a la facultad que se arrogaba el Ejecutivo de determinar lo que era información periodística «falsa» o «descontextualizada», además de que se acotó el régimen sancionatorio contra los medios. La presión pública funcionó.

Pero quizás el golpe político más eficaz no vino de una acción de litigio, ni de una organización internacional. Vino, paradójicamente, del propio gobierno. Y aquí aparece Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de la Presidencia, a quien se le ocurrió usar la conferencia matutina en Palacio Nacional para presentar una investigación de la que había surgido una lista con los nombres de periodistas, medios de comunicación y voces críticas y opositoras, todos los cuales –según ella– eran parte de una «red de amplificación» para golpear a la cuatroté. En resumen, una «lista negra» del gobierno, que hizo recordar a los memoriosos que la propia presidenta Sheinbaum, en 2021, había comparado la elaboración de este tipo de listados con prácticas autoritarias como el macartismo y el nazismo.

Para no ser una lista negra se parecía mucho a una. La coincidencia, el timing , fue políticamente desastroso para en la intentona de convencer a la sociedad de que no quiere convertirse en árbitro de la conversación pública. Las críticas crecieron, la oposición encontró argumentos y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión hicieron pública su preocupación, así que el gobierno tuvo que empezar a explicar, una y otra vez, que no quería censurar. Y cuando un Gobierno necesita explicar demasiadas veces que una regulación no es censura, quizá ha llegado el momento de revisar la regulación. Alcalde no creó por sí sola la desconfianza. El proyecto ya tenía problemas graves, pero su estrategia de exhibir a los críticos de su movimiento hizo algo que probablemente nadie dentro de la Consejería Jurídica calculó: volvió tangible el temor abstracto. Dejó de discutirse solamente qué decía el artículo 12 y empezó a discutirse sobre darle el poder de dictar qué es verdad y qué no a quien listas de enemigos.

Las militancias no tienen humor

Hay algo que debería preocuparnos mucho más que La Casa de los Mañosos: que alguien vuelva a descubrir que la libertad de expresión es maravillosa hasta que alguien empieza a decir cosas que no le gustan. La serie de TV Azteca, hecha con inteligencia artificial y convertida en una parodia de La Casa de los Famosos ,es vulgar, agresiva, sesgada políticamente al gusto de Ricardo Salinas Pliego. Incluso, en opinión de muchos, es mala.

Álvaro Cueva, columnista de Milenio la calificó recientemente como «mierda pura». Perfecto. Lo que ya resulta bastante más problemático es transformar el mal gusto en una violación a las leyes y la indignación personal en solicitud de intervención del Estado, como también lo hizo la directora de la televisión educativa, Azucena Pimentel. Porque una cosa es decir «esto es una porquería» y otra muy distinta decir «esto debe ser prohibido».

La Casa de los Mañosos no inventó la sátira política. Tampoco inventó la televisión mexicana convertida en caricatura de sus propios políticos. Hace casi veinte años tuvimos El privilegio de mandar, aquella parodia que convirtió a políticos del momento en personajes de comedia. Lo que tenemos ahora es, en todo caso, una versión mucho más hija de su tiempo: más brutal, más inmediata, fabricada con inteligencia artificial y diseñada para circular donde el meme puede tener más impacto que un editorial. La sátira tiene la característica de incomodar; especialmente funciona para ridiculizar al poderoso. Por eso resulta tanpeculiar la súbita preocupación por los límites de la televisión cuando alguien decide burlarse de Morena.

Durante el lopezobradorismo continuado se ha construido una retórica agresiva contra periodistas, medios, empresarios, organizaciones civiles, opositores y ciudadanos incómodos. Desde Palacio Nacional se exhibió, descalificó y señaló públicamente a personas concretas. Se habló de «mercenarios», «vendidos», «corruptos», «conservadores», «golpistas». Se incurrió en la calumnia y la difamación desde el poder.

La televisión pública ofrece un ejemplo particularmente incómodo de la libertad de expresión cuando es el gobierno el que estira la liga. Operación Mamut , de Canal Once, convirtió el humor político en una pequeña fábrica de muñecos de trapo: la exministra Norma Piña, la académica Denise Dresser y la periodista Reyna Ramírez eran reducidas a una caricaturas grotescas. La sátira, que en teoría debería repartir estopa sin preguntar por credenciales partidistas, parecía tener un extraño sentido de orientación, pues encontraba con admirable facilidad los defectos de Marcelo Ebrard cuando éste buscaba ser candidato a la Presidencia y perdía el olfato cuando se acercaba a Claudia Sheinbaum, la corcholata de López Obrador. La libertad de expresión fue diseñada precisamente para proteger aquello que incomoda, irrita, provoca y hasta ofende. Sobre todo cuando el objeto de esa expresión es el poder. Los relatores especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU sostienen que, en una sociedad democrática, los funcionarios deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio en cuanto a sus actividades, pues administran dinero y definen políticas públicas sobre asuntos de importancia para los ciudadanos.

La libertad de expresión no puede funcionar como esos paraguas que sólo se abren cuando empieza a llover sobre uno mismo. Y aquí aparece la paradoja de Álvaro Cueva y Azucena Pimentel. Ambos tienen toda la libertad para considerar La Casa de los Mañosos una mierda. Faltaba más. Pero también tiene una relación profesional con los medios públicos. El primero cobra como conductor en Canal 22 y su nombre aparece en los registros de contratación del gobierno federal del que ha recibido 3.8 millones de pesos. La segunda ha tenido ingresos por más de 7 millones desde que la cuatroté es gobierno.

Precisamente por eso su crítica merece una pregunta adicional. ¿Aplicaría exactamente el mismo estándar jurídico y moral a una producción de un medio público que ridiculizara con la misma crudeza a un político de oposición? La pregunta no es personal. Es profesional. Porque si defendemos la libertad de expresión, debemos defenderla también cuando el chiste nos parece vulgar, injusto, grosero o estúpido.

Y si queremos que el Estado intervenga contra un contenido, debemos poder explicar exactamente por qué esa misma regla habría sido aplicada al otro bando. Eso es lo que distingue un Estado de derecho de una oficina de censura cuyos abogados le pasan a sus propagandistas tarjetas con preceptos legales para invocar.

La Casa de los Mañosos puede ser una mala serie, vulgar y ofensiva. Vaya pues, concedamos que es una pieza de propaganda disfrazada de comedia. Todo eso puede criticarse. Lo que no podemos hacer es confundir nuestra repulsión con una infracción jurídica, porque el día que el Estado empiece a decidir qué sátiras son demasiado ofensivas, qué caricaturas cruzaron la línea y qué políticos merecen ser protegidos del ridículo, el problema ya no será este programa.

¿Cambio de línea en TV Azteca?

La reestructuración de la barra informativa de TV Azteca que unifica Azteca Noticias y ADN 40 bajo el mando de Luciano Pascoe, ya tiene su principal ganador: Manuel López San Martín, periodista, que hasta hace unos días conducía el noticiario nocturno de ADN 40 y ahora encabeza el estelar matutino Hechos AM. El movimiento parece lógico, dada la cercanía de López San Martín con el dueño –y la defensa de sus intereses–, de modo que no sólo ocupa una silla; ocupa un lugar estratégico en el tablero de Salinas Pliego.

Su etapa de ascenso coincidió con el periodo en que su relación con MVS Radio se deterioró al punto de ocasionar el fin de su espacio informativo en la emisora. La salida no fue amistosa: el periodista aseguró que no hubo condiciones para despedirse al aire y dejó entrever que su desvinculación estuvo relacionada con censura, versión que MVS negó. 

Lo que sí es un hecho es su creciente cercanía con Salinas Pliego, a quien ha defendido públicamente en medio de sus litigios y enfrentamientos con el gobierno morenista. Esa alianza o alineamiento político le ha abierto las puertas de un proyecto que parece diseñado a su medida: un noticiario matutino bajo la marca Hechos, y el colocarse como sucesor natural de Javier Alatorre. Porque TV Azteca no cambia de línea editorial  –Salinas Pliego ha dejado claro que la línea es él–, de modo que lo que defina el relevo no será la calidad periodística, sino la lealtad a la empresa y a su dueño.

Los dueños de Fox Sports esconden su acta de defunción

El pasado 30 de agosto, a la medianoche, la pantalla de Fox Sports México se congeló en Sky e Izzi. Lo que en los hechos fue un error técnico, fue también el epitafio en vivo de una cadena que vive sus últimas semanas tras25 años al aire en la televisión de paga mexicana. La noticia que corrió era que sus canales habían desaparecido de la parrilla de los dos operadores que, juntos, concentran más del 50% del mercado de TV por suscripción en México, merced a un comunicado apócrifo de Izzi a sus usuarios

Fox Sports México, operada por Grupo Lauman, arrastra una crisis de varios frentes: problemas financieros, disputas contractuales y, sobre todo, la pérdida sistemática de los derechos deportivos que la hicieron grande. Perdió la NFL, la Fórmula 1, la UFC, la Premier League, la WWE y buena parte de la Liga MX. En noviembre de 2026 vence además el contrato para usar la marca Fox Sports, y un juzgado de California yale ordenó pagar cerca de 6 millones de dólares a Fox Corporation por desacato. La noticia falsa de la salida de Izzi y Sky no fue un accidente: fue la consecuencia de una empresa que dejó de tener con qué pagar y qué vender.

El relevo fue inmediato y brutal. El lunes 31 de agosto, Fox Corporation ocupó el espacio vacante con sus canales FOX y FOX+, con una oferta incluye NFL, Liga MX, Liga MX Femenil, UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, MLB, NASCAR y Lucha Libre AAA. Es decir, los mismos derechos que Fox Sports México perdió, ahora los tiene la competencia. Y no solo los derechos: también los talentos. Fox Sports México se queda sin contenido, sin figuras, sin distribución y, en noviembre, sin nombre. No es una crisis: es una liquidación en cámara lenta.

Los derechos deportivos se han concentrado en grandes grupos con capacidad financiera real, y quienes no puedan sostener ese ritmo quedarán fuera. Fox Sports México no es el primer caso ni será el último. La pregunta no es si desaparecerá –porque eso ya está escrito–, sino cuánto tardarán en reconocerlo sus propios dueños.

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