Detrás de un discurso de protección de los intereses ciudadanos del gobierno federal parece esconderse una intención distinta o, al menos, una contradicción difícil de ignorar. De entrada, resulta inevitable recordar las declaraciones de la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, quien salió a asegurar que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no pretenden, bajo ninguna circunstancia, facultar al Estado para decidir qué es verdad y qué es mentira, cuando todos conocen a quienes los impulsan, sus principios y la herencia política que representan.

El problema de credibilidad surge porque durante los últimos años el oficialismo ha convertido la disputa con los medios de comunicación en una pieza central de su estrategia de comunicación política. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las conferencias presidenciales se convirtieron en espacios de rencor destinados a señalar información considerada falsa, manipulada o engañosa y enlodar a medios y periodistas. En los hechos, el gobierno asumió el papel de árbitro de la verdad pública, identificando qué versiones eran aceptables y cuáles merecían ser exhibidas ante la audiencia nacional, adjetivando a quienes las emitían, y todo, mediante el uso de millonarios recursos del Estado.