Este boletín mensual llega en un momento en que el periodismo mexicano parece estar sometido a una prueba de estrés en todos sus frentes: la violencia que mata, la desinformación que corrompe, la desconfianza que erosiona y la irrupción de nuevas voces que, sin pedir permiso, hacen el trabajo que las redacciones tradicionales han dejado de hacer.

El asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz evidencia que el Estado administra el dolor con discursos, mientras la impunidad sigue siendo la regla. Datos del Reuters Institute retratan a una audiencia que ha dejado de creer en quienes producen noticias, y que prefiere la familiaridad del creador de contenido antes que la autoridad de un medio que ya no le ofrece certezas. El escándalo de la entrevista falsa a Carlos Monsiváis revela que el rigor puede suspenderse cuando el prejuicio político se impone, mientras una creadora de contenido nos recuerda que el periodismo de investigación sigue siendo posible, pero ya no necesita una redacción para ejercerse.

La violencia, la desconfianza, los errores editoriales y la emergencia de nuevos agentes no son problemas separados; son los síntomas de una misma enfermedad: la incapacidad del periodismo institucional para garantizar lo que debería ser su razón de ser: verdad, contexto y responsabilidad. Leer lo que viene a continuación es asomarse a ese diagnóstico. Y quizá, también, empezar a imaginar el tratamiento.

Asesinan la esperanza en Veracruz

El 3 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó lo que nadie quería saber: los restos calcinados hallados dentro de un tambo de metal, en un rancho de Moloacán eran los de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste. La periodista, que había dedicado su labor a cubrir temas comunitarios y de seguridad en el sur de Veracruz, se convirtió en la tercera comunicadora asesinada en la entidad en lo que va de 2026 y en el número 34 desde el año 2000.

La investigación, que en un principio parecía un caso más de violencia en un estado fallido, ha revelado una madeja de complicidades que debería helar la sangre. Ocho personas han sido detenidas, y entre ellas no sólo se encuentran los sicarios que ejecutaron el crimen, sino cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. Estos uniformados, lejos de proteger a la ciudadanía, proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo delictivo que secuestró y asesinó a Roxana. El caso no es un hecho aislado; es la continuación de una historia vieja en Veracruz, donde el poder político y el crimen han operado como socios.

La reacción de las autoridades ha sido, en el mejor de los casos, tardía y, en el peor, cínica. La gobernadora Rocío Nahle calificó el hecho como «lamentable», pero semanas antes, cuando la periodista aún estaba desaparecida, descartó que su secuestro representara un ataque al periodismo. Esa declaración, más que un error, fue una muestra de la indiferencia con la que el gobierno estatal trata la violencia contra la prensa.

La Fiscalía General de la República asumió el caso y logró detenciones, pero la pregunta que organizaciones como Artículo 19 han puesto sobre la mesa es clara: ¿por qué una periodista que denunciaba amenazas no tuvo protección y por qué la investigación avanzó sólo cuando el crimen ya era irreversible? Así, el asesinato de Roxana es una señal inequívoca del colapso de las garantías para ejercer el periodismo en Veracruz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el crimen y advirtió que estos actos no sólo vulneran el derecho a la vida, sino que apuntan a suprimir la libertad de expresión y generar autocensura. En la misma línea han ido Amnistía Internacional y la Ofi cina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al advertir que cada periodista asesinada es una voz que se intenta silenciar.

Sin embargo, las condenas internacionales y las detenciones de los sicarios no son suficientes. Mientras no se investigue a fondo la red política que ha permitido que Veracruz sea un cementerio de periodistas, cada nuevo asesinato será solo un eslabón más de una cadena de impunidad que el gobierno federal y estatal parecen no tener la voluntad de romper. Roxana Guzmán era una mujer, una madre, una hija y una periodista que no pretendía ser una heroína; sólo quería seguir haciendo su trabajo. Y por eso la mataron.

Las audiencias pagan a los medios tradicionales con desconfianza

El Digital News Report 2026 del Reuters Institute, presentado a mediados de junio, no es un diagnóstico alentador para el periodismo mexicano, pero tampoco es una sentencia de muerte. El estudio, realizado con 2 mil 017 encuestados en México como parte de una muestra global de 97 mil 520 personasen 48 países, revela un ecosistema informativo que ha cambiado de manera irreversible: los mexicanos no dejaron de consumir noticias, dice el informe, sino que dejaron de confiar en quienes las producen.

Esa frase condensa el problema central: el interés sigue ahí (83% de los encuestados dice estar interesado en las noticias), pero la confianza se ha desplomado 18 puntos en una década, del 49% en 2017 al 31% en 2026,que, a su vez representan cinco puntos menos que el año anterior, una caída dolorosa. El informe dibuja un país donde el periodismo compite con plataformas, videos cortos y creadores de contenido. Por primera vez a nivel global, las redes sociales y de video superaron a los sitios web de noticias como fuente semanal de información: 54% frente a 51%.

El formato audiovisual domina, y los medios tradicionales –especialmente la televisión abierta, que el informe señala en declive– han perdido la batalla por la atención de las audiencias. México ocupa el séptimo lugar entre los 48 mercados estudiados en consumo de noticias vinculadas con creadores y 64% sigue a creadores cuya actividad principal son temas no noticiosos. De hecho, más de la mitad (56%) de los jóvenes de entre 18 y 24 años nunca ha leído un periódico de forma regular.

Debido a todo esto, la frontera entre información, opinión y entretenimiento se ha vuelto porosa. Entre los jóvenes, 70% sigue a creadores, pero apenas 14% los considera imparciales. La audiencia reconoce el sesgo y lo consume de todos modos, porque encuentra familiaridad, entretenimiento y un lenguaje más accesible.

El contexto mexicano agrava el cuadro. El informe registra nueve asesinatos de periodistas en 2025 y 28 reporteros desaparecidos, en un entorno en el que la mañanera de la presidenta Sheinbaum sigue siendo un canal central de comunicación política. La pérdida de confianza, advierten algunos análisis, es «un síntoma del desgaste institucional y democrático». La violencia contra periodistas, la presión judicial, la desinformación y las tensiones económicas en los medios tradicionales han creado un ecosistema sometido a una presión que el informe no duda en calificar como crítica.

La pregunta que el reporte deja abierta y que los medios mexicanos deberían hacerse con urgencia no es cómo recuperar la audiencia que ya se fue, sino cómo reconstruir la confianza en un entorno donde el periodismo ya no es la principal puerta de entrada a la información. La respuesta no está en competir con los influencers en su propio terreno, sino en entender qué ofrece el periodismo que los creadores no pueden dar: verificación, contexto y responsabilidad.

Como menciona María Elena Gutiérrez Rentería, académica de la Universidad Panamericana y una de las encargadas del capítulo México del informe, es importante reflexionar sobre los canales de distribución y el papel que juega el periodista en la nueva dinámica. También, qué aportan los generadores de contenido, qué hacen atractivo que las audiencias los consuman y qué es lo que le hace falta al periodista en esta época.

El Universal, rigor crítico y prejuicios

El escándalo desatado por la publicación de una entrevista a Carlos Monsiváis en El Universal podría ser síntoma de una enfermedad frecuente en el ecosistema mediático mexicano: la disposición a suspender el rigor crítico cuando la información parece confirmar los prejuicios contra un adversario político.

El 18 de junio, el diario publicó en su portal una entrevista que el periodista Edmundo Cázarez presentó como una «recuperación» de una conversación sostenida con Monsiváis en 1999. El texto, que pretendía ser un homenaje póstumo, contenía afirmaciones explosivas: que Monsiváis había dado cobijo a un joven Andrés Manuel López Obrador durante nueve meses, que el político había huido de Tabasco tras el asesinato accidental de su hermano, y la frase que se volvería viral: «Pasé deliciosas y divertidas noches con él; López Obrador, por dinero, era capaz de hacer lo que fuera». También se atribuía al cronista la afirmación de que López Obrador «está loco» y sufría de «desmedidos sueños de grandeza».

La familia de Monsiváis reaccionó con rapidez y contundencia. En una carta publicada por el propio El Universal , los familiares calificaron el texto como «indignante y vergonzoso», desmintieron tajantemente que López Obrador hubiera vivido en casa del escritor y señalaron que ambos se conocieron «alrededor de veinte años más tarde» de lo que decía el autor de la entrevista. Añadieron que las palabras atribuidas no se correspondían «con su característico estilo literario ni con su probidad ética».

Ante la presión, el diario exigió a Cázarez la grabación de la entrevista que sustentara sus afirmaciones. El periodista no pudo entregarla; primero dijo que la buscaría entre cientos de casetes y luego admitió no tener el audio. El diario retiró el texto de su sitio web y ofreció una disculpa pública el 26 de junio: «Este diario asume la responsabilidad de no haber cotejado el contenido de la entrevista con la grabación que el señor Cázares aseguró tener y que no ha sido entregada como le fue requerida». Anunció medidas internas para ajustar sus controles editoriales y señaló que Cázarez «deberá responsabilizarse de sus afirmaciones».

La disculpa, empero no dice quién recibió, leyó, editó y autorizó el texto, y quién valoró su oportunidad. La entrevista se publicó sin verificación, pero también fue compartida y celebrada sin ningún reparo por amplios sectores que vieron en ella un instrumento útil contra el adversario político.

Cázarez afirmó que la entrevista original, publicada hace 27 años en El Sol de México , no incluía los fragmentos polémicos porque el director de aquel medio le pidió omitirlos, pero en 1999 no había avidez de alimentar la narrativa anti-AMLO como ahora. El contexto político convirtió unas declaraciones inverosímiles en una primicia deseable.

El caso deja varias lecciones, algunas obvias y otras incómodas. La verificación no es un adorno; una grabación no es opcional cuando se atribuyen declaraciones graves a una persona fallecida. El Universal falló en lo más básico y se ha autoinfligido un golpe en la credibilidad. La memoria de los muertos no es territorio de conquista política, así que algunos que le dieron alas para escandalizar son tan responsables como el diario que la publicó. El periodismo no se trata de «goles» contra el adversario, sino de verdades incómodas para todos. Cuando olvidamos eso, dejamos de ser periodistas para convertirnos en propagandistas. Y el caso Monsiváis es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando algunas cosas se disfrazan de información.

Sin redacción ni anunciantes, el periodismo incómodo de Luz Valdez

Hay momentos en que el periodismo, por no incomodar a anunciantes o por mantener equidistancias, decide mirar hacia otro lado. Y entonces llega una creadora de contenido sin estructura empresarial ni blindaje legal, y hace lo que los «medios serios» no quisieron hacer: exhibirla aparente explotación detrás de una campaña de marketing global. Esa es la historia de Luz Valdez y su denuncia contra la empresa Someone Somewhere, intermediaria de Adidas, por el pago de miseria a 150 artesanas nahuas de Naupan, Puebla, que bordaron a mano camisetas de colección de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Valdez, promotora cultural con 1.3 millones de seguidores en redes, destapó un entramado de precarización: jornadas de al menos cinco horas, pago de 26 a 36 pesos por hora (por debajo del salario mínimo de 315 pesos diarios), ausencia de prestaciones, relojes checadores y la exigencia de terminar al menos dos camisetas en ese lapso. Someone Somewhere, fundada por egresados del Tec de Monterrey, instaló un taller dentro de la Casa de Cultura de Naupan, un inmueble público acondicionado como maquila para cumplir con los estándares de Adidas, que vendía esas playeras en tienda por hasta 285 dólares (casi 5 milpesos), presentando la campaña como un feel-good story de empoderamiento indígena.

El caso alcanzó tal dimensión que medios internacionales viajaron a Naupan, pues los grandes medios mexicanos no se daban por enterados antes de que Valdez lo hiciera viral, acaso porque las marcas son anunciantes, porque verificar una denuncia de explotación en una comunidad indígena requiere recursos y voluntad que hoy muchas redacciones no están dispuestas a invertir. Valdez, sin nada que perder más que su credibilidad, hizo el trabajo que debían hacer las salas de redacción, lo que hizo que The New York Times la contactara como fuente para luego señalar en un texto sesgado que «durante las últimas semanas, Valdez ha estado destrozando a Adidas y Someone Somewhere».

En el entramado de este escándalo aparece la agencia Zimat, una de las firmas de relaciones públicas máspoderosas de México. Su involucramiento en la gestión de la crisis es un recordatorio de cómo opera el podercorporativo. Intentaron mitigar el impacto mediante comunicados de corte fi lantrópico y el despliegue demétricas de benefi cio social que buscaban desviar el foco del bajísimo costo de la mano de obra, porque cuandola denuncia es incómoda, no se enfrenta con argumentos, sino con relaciones públicas.

Éste no es el primer caso en que Valdez exhibe a poderosos sin respaldo institucional. Antes denunció al colectivo Poder Prieto, encabezado por Tenoch Huerta, por apropiación cultural y robo de diseño, revelando que la artesana Feliciana Bautista no recibió crédito por una capa-rebozo usada en la Milan Fashion Week 2023. Por esa denuncia recibió ataques e intimidaciones, además de insultos desde la cuenta del movimiento. Sin un medio que la respaldara, sin abogados ni departamento de comunicación, sólo con su voz y sus redes, logró exhibir el hipócrita discurso de «inclusión» que reproduce las mismas lógicas que dice combatir.

El caso de Luz Valdez debería incomodar a los medios tradicionales. No porque ella haya hecho mal su trabajo; al contrario, lo hizo con una tenacidad envidiable, sino porque evidenció que el periodismo de investigación puede prescindir de las redacciones cuando estas deciden mirar hacia otro lado. Valdez no es periodista deformación, pero hizo periodismo: investigó, contrastó testimonios, dio voz a las afectadas, documentó y sostuvo su denuncia frente a las amenazas. Lo hizo sin el respaldo de una empresa, sin un sueldo fijo, sin la protección de un medio. Y lo hizo mejor que muchos que sí tienen todas esas ventajas.

¿Qué dice eso de nuestro oficio? Que el periodismo no es una profesión, es una función social. Y que cualquiera que la ejerza con rigor y valentía merece ser reconocido, tenga o no credencial.

El PDF completo lo pueden descargar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1pbeyHOqSAhtjzqZ6MNhPysL2HHdEwqd8/view?usp=sharing