La política de comunicación del gobierno y su partido ha consolidado un modelo donde la verdad es sacrificada en el altar de la lealtad política, transformando la narrativa oficial en una maquinaria de propaganda y confrontación. Bajo la influencia de figuras como Jesús Ramírez Cuevas, se ha mantenido una estrategia de descalificación de cualquier dato que contradiga la línea oficial. Heredada del sexenio anterior, la lógica es filtrar la realidad bajo un prisma beligerante, apoyada por una marabunta digital cuya labor es hostigar y silenciar el debate racional.

El uso faccioso de dependencias oficiales ha llegado al extremo de emplear la tecnología como herramienta de gaslighting institucional. El caso de Jenaro Villamil y la plataforma Infodemia, al calificar imágenes reales como montajes de inteligencia artificial para encubrir los excesos de la clase gobernante, revela un sistema de «verificación» que prioriza la conveniencia política sobre lo evidente. Esta erosión ética se complementa con la opacidad en el manejo de cientos de millones de pesos destinados a órganos de difusión de Morena, que contradice las banderas de honestidad y austeridad, pero que hay que negar, porque la verdad es enemiga.

Rasputín en Palacio

La aparición de Jesús Ramírez Cuevas en las primeras planas y los comentarios de analistas sobre su figura se deben de manera abrumadora a su rol como arquitecto de una narrativa de confrontación. De acuerdo con Julio Scherer Ibarra en su libro Ni venganza ni perdón, Ramírez Cuevas aprovechó su puesto como encargado de Comunicación de Palacio Nacional para moldear el estado de ánimo presidencial. Dado que Andrés Manuel López Obrador no dedica tiempo a leer, era su vocero quien le elaboraba «tarjetas informativas», sintetizándole notas, columnas; convirtiéndose en el «traductor» de la realidad nacional para el mandatario.

Scherer narra que Ramírez Cuevas utilizaba las «mañaneras» y los resúmenes informativos para alimentar la narrativa del insulto y la descalificación; si el vocero presentaba una crítica periodística como un ataque orquestado de «los conservadores», el ánimo del presidente se encendía, dictando así el tono beligerante de la respuesta oficial del día. Este oscuro personaje aprovechó esta confianza para aislar al presidente de voces moderadas o de datos que contradijeran la línea oficial. De este modo, la definición del «ánimo» presidencial no era un proceso orgánico, sino uno gestionado por la vocería, que convertía la información en una herramienta de control, asegurando que el mandatario viera el mundo exterior exactamente de la forma en que su vocero decidía narrárselo. El hombre que le hablaba al oído a López Obrador excedía sus funciones y usaba la cercanía con el Ejecutivo para desplazar a otros colaboradores.

Su gestión también habría incluido desvíos y la creación de partidas presupuestarias específicas destinadas a financiar a comunicadores sin trayectoria y medios digitales afines, a los que se les da acceso privilegiado y gratificaciones para llenar de elogios las conferencias del Ejecutivo, lo cual se mantiene hasta hoy.

Más allá de los medios tradicionales y digitales, la estrategia de comunicación ha sido vinculada con la operación de sofisticados ejércitos de cuentas de redes sociales coordinadas que actúan como una guardia pretoriana digital que se activa para silenciar críticas y hostigar a periodistas que no se alinean con la narrativa oficial. Bajo la dirección o el auspicio de Ramírez Cuevas, este fenómeno ha transformado las redes sociales en un entorno hostil donde el debate racional es sofocado por el volumen del ataque masivo, buscando una hegemonía artificial el debate público.

Hasta hoy, Jesús Ramírez Cuevas mantiene su consigna de suplantar la labor de la prensa crítica con un cuerpo de comunicadores cuya principal función es la defensa irrestricta de un proyecto político; la comunicación social del Estado ha sido sustituida por una maquinaria de propaganda y confrontación, consolidando un modelo donde la verdad es sacrificada en el altar de la lealtad política.

Cuando la verificación se vuelve propaganda

El reciente escándalo que involucra a Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y la plataforma Infodemia pone sobre la mesa una discusión urgente sobre el uso de las instituciones del Estado para desacreditar el ejercicio periodístico. Lo que comenzó como la difusión de imágenes de una mujer asoleándose en un balcón de Palacio Nacional, terminó revelando las costuras de un sistema de «verificación» que priorizó la narrativa política sobre la evidencia.

Durante la tercera semana de marzo, Infodemia calificó como falsas y creadas con inteligencia artificial las imágenes de una mujer descansando en las ventanas de la sede del Ejecutivo. Villamil sostuvo inicialmente que elementos visuales como las vallas azules frente a Palacio y la arquitectura presentaban «inconsistencias» propias de un montaje digital. Esta postura no sólo ignoró los testimonios de ciudadanos en el Zócalo, sino que sirvió de base para una campaña de descrédito contra los periodistas que difundieron el material.

Con la etiqueta de «noticia falsa», la maquinaria digital oficialista arremetió contra comunicadores, acusándolos de servir a intereses opositores (específicamente señalando al grupo de Ricardo Salinas Pliego) y de difundir mentiras para golpear al gobierno. El punto de quiebre ocurrió el 30 de marzo, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum contradijo la versión oficial de Infodemia al admitir que las imágenes eran reales e inclusa aseguró que la persona involucrada ya había sido sancionada.

Como ya se sabe que la palabra presidencial es inapelable, Villamil y su equipo emitieron una rectificación, alegando que su primer análisis se hizo con «información incompleta». El funcionario minimizó el incidente calificándolo como un «pequeño error» que sucede en el periodismo «todo el tiempo», acusando de nuevo a sus críticos de magnificar la situación pese a ser uno de las principales figuras responsables del hostigamiento institucional contra voces discordantes.

El vergonzoso episodio termina por evidenciar algo quizás demasiado obvio: el papel de un «detector de mentiras» estatal es peligroso cuando su metodología no es técnica, sino política. Confundir la realidad con IA para proteger la imagen de las autoridades ante el mal uso de un recinto histórico no es un error de apreciación; es un síntoma de una política de comunicación que ve en la verdad un obstáculo y en la crítica, un enemigo al que hay que desmentir por decreto.

No sobra decir que desde 2024 concluyó el mandato de Villamil frente al SPR, pero su ratificación o relevo nunca se sometió a votación del Senado, porque Morena no tenía los votos suficientes.