La reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador para convocar apoyo económico en favor del régimen cubano vuelve a exhibir una de las contradicciones más profundas del movimiento que encabeza. No se trata de un llamado humanitario dirigido directamente al pueblo de Cuba, víctima durante décadas de carencias, restricciones y falta de libertades, sino de una petición de respaldo a un gobierno autoritario que ha convertido la escasez en sistema y la dependencia en modelo político. La convocatoria resulta todavía más polémica cuando proviene de un liderazgo cuya organización política arrastra cuestionamientos sobre el manejo de recursos recaudados durante la tragedia de los sismos de septiembre de 2017. Diversas investigaciones periodísticas y resoluciones de autoridades electorales documentaron irregularidades relacionadas con fideicomisos y mecanismos de financiamiento vinculados al movimiento.

Al mismo tiempo que la asociación civil utilizada para captar recursos surgió de manera repentina y sin el historial de trabajo que caracterizaba a numerosas organizaciones con trayectoria, paradójicamente, varias agrupaciones críticas del gobierno perdieron su condición de donatarias autorizadas o enfrentaron crecientes obstáculos administrativos, alimentando la percepción de que el poder utilizó criterios políticos para premiar aliados y castigar disidentes. La imagen de un expresidente solicitando aportaciones para sostener a un régimen extranjero, sin transparentar debidamente los dineros de su grupo político, genera inevitablemente una pregunta incómoda: ¿con qué autoridad moral?