El paisaje mediático que se despliega en las páginas del presente número de nuestro radar llama a la reflexión sobre la transformación del periodismo en herramienta de autocomplacencia y conveniencia política. La cancelación de la entrevista a Eduardo Verástegui en los medios públicos, bajo el argumento de una supuesta «protección a las audiencias», no es más que un ejercicio de tutela moral que infantiliza al ciudadano y traiciona la pluralidad indispensable en una democracia.

Este miedo al debate se complementa con la erosión ética de quienes, desde el periodismo militante, denuncian
vicios ajenos mientras participan en negocios opacos. Cuando la plataforma periodística se utiliza como escudo
personal o moneda de cambio, como ocurre con El Heraldo de México, la información deja de servir al público
para fondear nóminas familiares y amplificar datos celebratorios dictados desde el poder. Así, exploramos
cómo la verdad está siendo canjeada por la rentabilidad y el silencio, lo cual debe empujarnos a reconocer que,
sin independencia, el periodismo se reduce a una simple oficina de relaciones públicas.

Miedo al debate

El 8 y 10 de enero pasados debió transmitirse por Canal Once y Canal 14, respectivamente, una entrevista realizada por Sabina Berman a Eduardo Verástegui para su programa Largo Aliento. Sin embargo, la emisión fue cancelada de último momento por las directivas de los canales, sin previo aviso público.

La cancelación, ordenada por Renata Turrent y Jenaro Villamil, directivos de las televisoras, se justificó bajo el argumento de la protección a las audiencias. La postura oficial, amparada en la figura de la Defensoría de las Audiencias, sostuvo que los comentarios vertidos por Verástegui – específicamente sus opiniones sobre el aborto y sus expresiones contra el régimen– constituían discursos de odio y desinformación que vulneraban los derechos de los ciudadanos, por lo que un medio público no debía servir de plataforma para su amplificación.

La reacción de la conductora evidenció una fractura interna en la narrativa del oficialismo. Pese a su afinidad con el proyecto de la cuatroté, la escritora se manifestó sorprendida por la decisión, aclarando que la censura no provino de su equipo editorial. Berman defendió la pertinencia del material argumentando que el intercambio resultó en un debate de valor público donde se exhibían las posturas del entrevistado, sosteniendo que la audiencia posee el criterio suficiente para disentir sin necesidad de una tutela moral.

El juicio a priori del contenido de la entrevista no provino de las audiencias sino de la dirección del Sistema Público de Radiodifusión; es decir, de Villamil. En ese sentido, Artículo 19 calificó el episodio como «censura previa», mientras que otras voces críticas y analistas de medios señalaron que la Defensoría de las Audiencias fue utilizada como una herramienta de filtro ideológico, tratando a los espectadores como infantes incapaces de procesar discursos contrarios.

Incluso dentro de sectores afines a la izquierda, hubo un debate incómodo sobre si el bloqueo al discurso de ultraderecha constituía una defensa de los derechos humanos o una validación táctica de la intolerancia que, paradójicamente, terminó regalando la bandera de la libertad de expresión a quien en los hechos silenciaron.

Las cuarteaduras del periodismo militante

Una investigación de N+, a cargo de las periodistas Fátima Monterrosa y Dafne Mora vinculó a Alejandro Páez Varela, director del portal SinEmbargo, con negocios inmobiliarios en sociedad con Verónica Blanco González, apoderada lega de la Fundación Haghenbeck, quien habría incurrido en operaciones irregulares para quedarse con propiedades de la Fundación, además de fraude fiscal.

Los señalamientos se fundamentan en la existencia de una sociedad denominada Callejón de Xico, constituida en marzo de 2022 entre Blanco y el periodista, con un capital de 25 millones de pesos para la compra y remodelación de un edificio en el Callejón de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, destinado a la renta de departamentos como Airbnb. Este vínculo ha sido interpretado por críticos como una contradicción ética, dado que el director de SinEmbargo ha sido uno de los principales denunciantes del llamado «Cártel Inmobiliario» al que se vincula a funcionarios del PAN, mientras que sus propios negocios privados se asocian con actores señalados por despojos y opacidad.

La reacción de Páez Varela ha sido una defensa emocional y personal. A través de sus redes sociales y espacios editoriales, el periodista reclamó no haber sido consultado antes de la publicación de los reportajes, a los que calificó como intentos de asesinato moral. Argumentó que la adquisición de su participación en el inmueble fue una «oportunidad en plena pandemia» y que representa el ahorro de toda su vida, pues es producto de la venta de su único departamento anterior y las ganancias de sus libros. Sostuvo que la inversión se encuentra actualmente detenida por falta de recursos y que sus activos financieros se limitan a una cuenta bancaria con fondos modestos.

En su círculo cercano, colaboradores como Álvaro Delgado le han dado su respaldo, sugieren que el ataque es una represalia política por su labor de investigación. Páez culpa a la derecha y se asume como una cachorro separado de la manada apunto de ser destazado vivo por el lobo. Pero fuera de la redacción de su medio se señala que, más allá de la legalidad de la transacción, el problema es de índole ética: el uso de la plataforma periodística para atacar esquemas inmobiliarios ajenos mientras se participa en sociedades con grupos cuestionados por la misma naturaleza de sus operaciones.

Si esto es «fuego amigo», como se ha sugerido, el tiempo lo dirá. El reportaje de N+ ha generado una amplia discusión sobre la necesidad de que los líderes de opinión hagan públicos sus conflictos de interés, especialmente cuando su línea editorial se basa en la superioridad moral y la denuncia de la corrupción ajena.

La coincidencias de El Heraldo

En más de ética pública, la semana pasada se publicó que Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tiene una posición directiva dentro de El Heraldo de México (específicamente en la división Heraldo USA), hecho que ha sido cuestionado por el contexto en torno a sus empleadores.

Investigaciones periodísticas recientes, difundidas principalmente por la plataforma Latinus, revelaron que Grupo Andrade –conglomerado propietario del diario y concesionario automotriz– ha sido beneficiario de contratos federales que superan los 33 mil millones de pesos durante la actual administración y la anterior, incluyendo adjudicaciones de dependencias que han estado bajo el mando directo o la influencia política de Rosa Icela Rodríguez.

La dimensión financiera del conflicto de interés se focaliza en el periodo en que la funcionaria encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lapso durante el cual Grupo Andrade consolidó su posición como proveedor privilegiado del gobierno federal, pues el conglomerado automotriz obtuvo adjudicaciones multimillonarias para el arrendamiento de miles de patrullas para la Guardia Nacional y vehículos utilitarios para diversas dependencias de seguridad.

La crítica se centra en el monto de estos contratos, pero también en una «coincidencia» fácil de advertir: mientras la madre administraba el presupuesto y la estrategia de seguridad que requería dicho equipamiento, el empleador de su hija ganaba las licitaciones para suministrarlo. Así, el presupuesto de seguridad pública terminó fondeando indirectamente la nómina del medio.

La respuesta del círculo político cercano a la cuatroté ha sido de cierre de filas. Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, salió públicamente en defensa de Martínez Rodríguez apelando a que todos tenemos derecho al trabajo y que los hijos de los funcionarios no deben ser condenados al desempleo por las carreras de sus padres. Sin embargo, la línea editorial de El Heraldo de México juega el papel de herramienta de legitimación para la presidenta Claudia Sheinbaum. Las encuestas publicadas por el diario, que invariablemente otorgan a la mandataria índices de aprobación superiores al promedio de otras casas encuestadoras, se han convertido en un insumo fijo de las conferencias matutinas en Palacio Nacional. Esta dinámica en la que el medio publica cifras celebratorias y el gobierno las amplifica en cadena nacional habla de una lealtad es recompensada. Contratos en lo oscurito y aplausos en la primera plana.