En su libro Los presidentes, Julio Scherer García, narraba el origen de uno de los mitos más famosos del periodismo mexicano: Mientras el entonces presidente de la República pronunciaba un día de 1966 el discurso inaugural de un sistema de riego en el estado de Tlaxcala, entre los reporteros corría la voz: ‘¿Ves aquel chayote? Están echándole agua. Ve allá”. Ese “allá” era donde se entregaban las dádivas para los periodistas que se portaban bien, que en sus notas columnas y cartones elogiaban al gobernante en turno y hacían jirones a los opositores.
En 2012, Enrique Peña Nieto prometió la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y el acceso ciudadano a la información. Por supuesto, nada de ello ocurrió; lo peor es que a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, esa discrecionalidad priista superó todos los parámetros, al punto en que se entregaron numerosos contratos de publicidad a empresas y medios sin alcance, sin influencia y sin ventas, con el apoyo incondicional a la figura presidencial como único criterio..
Así es que medios como La Jornada, a semanas de cerrar por bancarrota se convirtió en el segundo medio con más dinero recibido por el gobierno. En noviembre dos hechos dejaron constancia de la corrupción del gobierno en su pago de favores al periodismo servil.
López Obrador dio 42 millones de pesos a José Gutiérrez Vivó a través de la CNDH
Una investigación de los reporteros Regina Diez Gutiérrez y Juan Omar Fierro, publicada por Aristegui Noticias, reveló que, en completa opacidad y en tiempo récord, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2020 una recomendación para avalar la entrega por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de 42 millones de pesos al periodista José Gutiérrez Vivó, por supuestas violaciones a sus derechos a la libre expresión y a la libertad de ejercer su profesión.
En la página web de la CNDH se encuentran publicadas las recomendaciones emitidas por el órgano autónomo en el año 2020. Todas menos una, la 54/2020, la cual declara a Gutiérrez Vivó “víctima de la censura indirecta ejercida por gobiernos anteriores”.
El monto de la indemnización entregada a Gutiérrez Vivó, dueño de Grupo Monitor, se decidió de forma discrecional por la Comisión, ya que la estimación de ésta no contó con peritajes y se calculó con base a una petición inicial del propio afectado, sin más análisis que los daños estimados por el propio periodista por la pérdida de sus empresas y bienes en México, antes de partir hacia el exilio a Estados Unidos.
El reportaje menciona los incumplimientos del empresario radiofónico en el pago de salarios y prestaciones a cientos de trabajadores. Sin embargo, Enrique Muñoz, uno de los exconductores de los informativos de Monitor, acusa que esta acción de la CNDH sucedió a escondidas de todos los empleados del conductor de noticias favorito de López Obrador, algunos de ellos fallecidos en la miseria, y quienes jamás recibieron apoyo de ninguna instancia gubernamental federal o local a pesar de sus ruegos al entonces coordinador de Comunicación Jesús Ramírez Cuevas. Y pregunta: ¿Por qué lo callaron AMLO, Rosario Piedra y Ramírez Cuevas en detrimento de los derechos laborales de aquellos que lo perdieron todo?
En el link se puede descargar el documento completo en PDF https://drive.google.com/file/d/1znJzL1zN_3PQjgdItI_uVoX__kJk3nAj/view?usp=sharing
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